Grabar una conversación privada o chuponear una conversación telefónica se hace, lamentablemente, con más frecuencia en nuestro país y ya nadie se ruboriza por ello. Por si fuera poco, algunas de esas conversaciones terminan en los medios de comunicación como 'noticias'. Recordemos que los medios difundieron los correos electrónicos de Juan Sheput; los recibos telefónicos de Solari cuando intentaron vincularlo con Joy Way, la conversación de Jesús Alvarado en su carro y la conversación entre Almeyda y el desaparecido general Villanueva.
Los medios justificaron la difusión de esas comunicaciones argumentando que son de interés público, que los funcionarios están sujetos al escrutinio público y que los medios de comunicación deben cumplir su función fiscalizadora. Es verdad, los medios deben cumplir estas funciones y quizá los casos reseñados calcen en el argumento de los medios, pero el problema está en que ninguna de esas personas estaba siendo procesada o bajo investigación y por lo tanto, ningún juez pudo haber ordenado que graben sus conversaciones para integrarlas a un expediente judicial.
La manera como se obtuvieron esas 'chuponoticias' revela que hay personas dedicadas a vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones y que cuentan con equipo capaz de ubicar, seguir y grabar conversaciones privadas. También revela la poca seguridad en las comunicaciones electrónicas y en los sistemas de las empresas transnacionales que las administran. Sin embargo, lo más grave es que estos delincuentes saben que hay un mercado que paga y medios de comunicación dispuestos a convertir en noticia el producto de un delito.
Las comunicaciones difundidas no eran parte de ningún juicio por lo que se obtuvieron sin permiso judicial, es decir, se obtuvieron 'chuponeando', cometiendo un delito. Esto debería preocuparnos a todos porque la sociedad entera puede convertirse en blanco de estos delincuentes pero, por lo visto, a nadie le importa ya. ¿Cómo llegamos a esta situación ?
Alejandro Reyes Otero
